Resolución de la DGRN de 2 de marzo de
2018: El recurso plantea si debe
exigirse en una sucesión sujeta a Derecho británico (Inglaterra y Gales) el
acompañamiento de la resolución judicial, expedida por el Probate Service,
conocida por probate (Grant of Representation), cuando la sucesión se abre con
posterioridad al 17 de agosto de 2015, habida cuenta de la existencia de un
testamento previo a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, de 4 de
julio, en el que se establecía heredera de conformidad con su ley personal, a
su esposa, «en todos los bienes muebles e inmuebles existentes en territorio
español», título sucesorio en España según resulta de la certificación del
Registro de Actos de Última Voluntad español.
El
punto de partida es la determinación de la ley aplicable a esta sucesión mortis
causa internacional. Como es sabido, las herencias abiertas desde el día 17 de
agosto de 2015, en que entró en aplicación el Reglamento (UE) n.º 650/2012, como
regla general, la ley aplicable a la sucesión mortis causa de causante es la
Ley del país de su última residencia habitual (artículo 21.1 del Reglamento
Europeo de Sucesiones). Sin embargo, esta regla general cede cuando el causante
ha elegido como ley aplicable a su sucesión mortis causa, su ley nacional
(artículo 22 del Reglamento Europeo de Sucesiones), caso en el que se existe
una sustitución normativa en favor de la designada en la professio iuris. En el
supuesto planteado, como señalara entre otras la Resolución de 4 de julio de
2016, cabe entender que el causante ha realizado professio iuris, en su
testamento autorizado en España en 2004, a doble columna en lenguas inglesa y
española, en el que afirmaba que se otorgaba conforme a su ley personal
(artículo 21 del Reglamento Europeo de Sucesiones). A la disposición de última
voluntad le es aplicable el régimen transitorio del Reglamento, concretamente
el artículo 83.2 «cuando el causante hubiera elegido, antes del 17 de agosto de
2015, la ley aplicable a su sucesión, esa elección será válida si cumple las
condiciones establecidas en el capítulo III (ley aplicable) o si cumple las
condiciones de validez en aplicación de las normas de Derecho internacional
privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el Estado en el
que el causante tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados
cuya nacionalidad poseía». La remisión a la ley personal del causante que
implica la professio iuris supone que queda exceptuado el reenvío conforme al
artículo 34.2 del Reglamento Europeo de Sucesiones.
La
aplicación de la professio iuris tácita transitoria al supuesto, hace por
último irrelevante la referencia al domicilio del causante en el momento del
fallecimiento. Siendo aplicable la ley británica y existiendo un título
sucesorio que impida el reenvío a la ley española, en cuanto prevé professio
iuris a la ley personal del causante, resta por analizar si es relevante para
una herencia que ha de realizarse en España la exigencia de probate requerido
para la administración obligatoria de la herencia (estate) y posterior entrega
a los interesados en las herencias que se liquidan en Inglaterra y Gales. El
denominado Probate Service, es parte del sistema de tribunales en Inglaterra y
Gales, y su función es la expedición de los denominados Grant of
Representation, que confieren al representante del caudal relicto (estate
representative) un derecho legal para encargarse del patrimonio relicto. Este
sistema se funda en la necesidad de que exista un liquidador característico de
aquel Derecho en el que los herederos no subentran en la posición jurídica de
su causante. Este sistema no puede ser exigido en España en una sucesión sobre
bienes situados en España y, en el caso concreto, al que cabe limitarse ahora,
de sucesión testamentaria. La lex rei sitae conlleva que los procedimientos
necesarios para la transmisión de los inmuebles, una vez establecida la
sucesión mortis causa (artículo 1 del Reglamento Europeo de Sucesiones) se
determine por la ley del lugar de situación de los inmuebles con las necesarias
adaptaciones (artículos 1.2.k y.l, 10, 11 y 27 y Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 12 de octubre de 2017, asunto C-218/16
[Kubicka]). Por lo tanto, es de aplicación el artículo 14 de la ley
Hipotecaria, en la redacción dada por la disposición final primera de la Ley
29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia
civil, según el cual quedará redactado en los siguientes términos: «El título
de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el
contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos
abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del
Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se
refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012». De este precepto
resulta con claridad que en nada se hace preciso, en este concreto supuesto que
se examina, conforme al ordenamiento español y pese a no existir reenvío al
mismo, la designación de un ejecutor por el Probate Service británico,
institución referida a la liquidación de bienes en Reino Unido.
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