El reenvío en el Código Civil y en el Reglamento Europeo de Sucesiones: La unidad frente a la pretendida fragmentación de la sucesión
El reenvío es un mecanismo de derecho internacional que basa su existencia en una presunción de que la remisión que efectúa la norma de conflicto del foro a un Derecho extranjero es una remisión global, entendiendo por tal no una mera remisión material a sus normas sustantivas, sino a la totalidad del ordenamiento jurídico extranjero incluyendo las normas de conflicto del mismo.
El
reenvío es por tanto una institución que presupone dos pasos: Uno, la remisión
al derecho extranjero y dos, el reenvío de ese derecho extranjero a otra
legislación. Así por ejemplo si un español fallece con residencia habitual en
Buenos Aires después del 17 de agosto de 2015, vigente por tanto el Reglamento
Sucesorio, y la sucesión es transfronteriza porque tiene bienes en España, las
autoridades españolas considerarían aplicable el derecho argentino, que sería
el derecho remitido, pero como quiera que la ley argentina en sus normas de
conflicto se remite al Derecho Español, que sería el derecho reenviado, la
sucesión deberá someterse por reenvío a la ley española
El reenvío ha sido una institución cuestionada desde que fuera formulada por primera en Francia en 1878 a propósito del caso Forgo, en el que se discutía la sucesión de la propiedad mobiliaria de un bávaro afincado desde pequeño en Francia. Admitir el reenvío suponía considerar aplicable a la sucesión el Derecho francés que consideraba heredero al Estado francés, y no admitirlo llevaba a concluir aplicable el Derecho bávaro que consagraba los derechos hereditarios de los parientes alemanes. La solución que se le dio a este caso fue el fallo de la Corte de Casación Francesa de 24 de junio de 1878, que aplicaba la noción del reenvío en favor de la ley francesa. En la doctrina inglesa el reenvío se configura como un supuesto de doble remisión, ya que se trata de resolver un asunto al modo que lo haría un derecho extranjero, de modo que el juez inglés resolvería en la misma forma en que lo haría los jueces del Estado cuya ley se considera aplicable
Por el contrario, se argumentado en contra del reenvío que es una institución que genera inseguridad y que puede conducir a una cadena interminable de remisiones, pues si global es la primera remisión del ordenamiento del foro al ordenamiento extranjero y por tanto aplicamos las normas de conflicto de éste último, y dichas normas reenvían a su vez al Derecho del foro esta segunda remisión debería coherentemente conceptuarse también como global y por tanto deberíamos otra vez aplicar de nuevo las normas de conflicto del foro dando lugar a un bucle de remisiones sin solución de continuidad.
Nos
limitaremos a estudiar el reenvío en sede de derecho de sucesiones. Veamos cual
es la regulación del Código Civil y del Reglamento Sucesorio Europeo
El
reenvío no estaba regulado en la redacción originaria del C.C. y no se
incorporó una norma general específica al respecto hasta la reforma del Título
preliminar operada en 1974. La norma general en la materia está contenida en el
artículo 12.2 C.C.: «La remisión hecha al
Derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material sin tener en cuenta el
reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española».
Se trata de un precepto un tanto contradictorio, ya que después de excluir el reenvío diciendo que la remisión se entiende hecha a su ley material sin tener en cuenta las normas de conflicto del derecho remitido, excepciona y por tanto admite el reenvío cuando la remisión del derecho remitido es una remisión a la ley española. Para el profesor Ybarra Bores es una solución eminentemente nacionalista, poco acorde con la solución que en nuestro ordenamiento se establece en sede de derecho cambiario en el que se admite incluso el reenvío de segundo grado, y además contraria a la solución que se va imponiendo en los instrumentos internacionales que se decantan por la inadmisión del reenvío, como así sucede en el Reglamento de Roma I y II en materia de obligaciones contractuales y obligaciones extracontractuales respectivamente, con la sorprendente excepción del Reglamento Sucesorio Europeo.
Sin embargo, la aplicación del reenvío no se produce de forma automática. No se dice en el artículo 12,3 C.c. que se aplicará el reenvío, sino que se matiza y se emplea la expresión “se tendrá en cuenta”, como criterio general de interpretación. Y así lo ha hecho nuestra jurisprudencia que ha descartado el reenvío en los supuestos que la aplicación de la ley española pudiera dar lugar a una fragmentación de la sucesión para poder preservar la universalidad y unidad de la sucesión. También se ha estimado en la doctrina que el reenvío no es operativo cuando entra en juego la autonomía de la voluntad, ya que no tiene sentido dejar sin efecto la ley elegida. Lo mismo cabe decir respecto de los supuestos de que exista un vínculo manifiestamente más estrecho que desactive el reenvío de la norma de conflicto del foro a una ley distinta. Finalmente nos dice el profesor Ybarra que también puede dejarse sin efecto la aplicación por reenvío de una ley extranjera si es contraria al orden público internacional. El ejemplo paradigmático sería el de la ley que discrimina a la mujer en beneficio del varón en los derechos sucesorios.
El artículo 12, 3 del Código Civil sólo sería aplicable a las sucesiones que se sustancien antes de la entrada en vigor del Reglamento Sucesorio Europeo, ya que desde el 17 de agosto de 2015 la regulación del Código Civil en materia sucesoria debe entenderse desplazada por la que establece el Reglamento Sucesorio Europeo, que como después veremos hace una admisión más generosa del reenvío.
El problema del reenvío antes de la entrada en vigor del Reglamento Sucesorio sólo se planteaba en los supuestos en que hubiera fragmentación de la sucesión. Así sucedía con el inglés con propiedades inmobiliarias en España. En estos casos debe partirse de la lex fori, esto es la española, la cual determina que la ley aplicable es la personal del causante, y (art. 9.8 Cc). Por tanto, cuando un inglés fallecía en España su sucesión se regía por su ley personal inglesa conforme establece el artículo 9,8 Cc. Pero la ley inglesa acoge un sistema fragmentario de sucesión de modo que aplica la ley personal a los muebles y la ley del lugar de situación a los inmuebles, de modo que en el caso de que el inglés tenga inmuebles en España por reenvío de la ley inglesa resulta aplicable la ley española. Pues bien, esto es lo que se llama reenvío de retorno ya que la ley inglesa remite a la española. Este reenvío supone una ruptura de la unidad de la sucesión con la aplicación simultánea de dos leyes sucesorias, la española para la sucesión de los inmuebles y la ley inglesa para la sucesión de los muebles. Para paliar este desajuste, nuestra jurisprudencia entendió que el reenvío sólo era aplicable a la sucesión de un inglés cuando todo su patrimonio estuviera en España, mientras que si mantenía patrimonio mobiliario o inmobiliario en ambos países en aras a la unidad de la sucesión excluía el reenvío y aplicaba a la totalidad de la sucesión la ley inglesa.
La Res. DGRN de 13 de agosto de 2014 para este supuesto de sucesiones de ingleses con propiedades inmobiliarias en España concluye no admitiendo el juego del reenvío y, por lo tanto, determina la regulación de la sucesión exclusivamente por el derecho inglés, pues de lo contrario se produciría una quiebra del principio de unidad de la sucesión. Por esta razón, al no poder operar el reenvío de la ley inglesa a la española, prevalecen las normas sobre libertad de testar propias del derecho inglés frente a las restricciones que respecto de tales reglas impone la ley española. Nuestra jurisprudencia ha venido rechazando el reenvío de la ley inglesa a la española en los supuestos que pueda producirse una fragmentación de la ley sucesoria, de modo que unos bienes se rijan por una ley y otros por otra. De modo que al rechazar el retorno será aplicable en todo caso la ley sucesoria inglesa. Sólo puede admitirse el reenvío de retorno a la ley española cuando no rompa la unidad del tratamiento legal de la sucesión, es decir cuando el inglés sólo tenga propiedades inmobiliarias en España.
Este último supuesto es que ha sido contemplado por la sentencia del TS de 12 de enero de 2015 que con fundamento en los principios de unidad y universalidad de la ley de la sucesión y de la denominada armonía internacional de soluciones, aplica a la sucesión de un inglés la legislación española al admitir el reenvío de retorno por tratarse de un reenvío que no fragmentaba la sucesión en cuanto que el único bien que dejó el causante estaba en España. La remisión realizada a la legislación inglesa comporta el reenvío de retorno al ordenamiento jurídico español sin que se produzca, al ser el único bien hereditario y además tener el domicilio en España, el fraccionamiento del fenómeno sucesorio señalado respecto de la sucesión del causante.
El T.S. en sentencia de 15 de noviembre de 1996 en la sucesión de una finca radicada en España siendo el causante ciudadano de Maryland (EEUU) no admitió en cambio el reenvío de la norma de conflicto norteamericana al Derecho español en atención a que se produciría una fragmentación del haber hereditario contrario a la unidad hereditaria de nuestro Derecho.
Un supuesto que se ha discutido es el del causante británico con testamento otorgado ante notario español antes de la entrada en vigor del Reglamento Sucesorio y fallecido con posterioridad. Puede plantearse en estos supuestos que hay una professio iuris presunta derivada de los términos de la disposición testamentaria y del hecho incontrovertible que la ley sucesoria al tiempo de hacer el testamento ante notario español en el año 2003 era ley inglesa, ya que el precepto aplicable a las sucesiones transfronterizas era el artículo 9,8 del Código Civil que tomaba como criterio de conexión la ley nacional del causante. En la Resolución de la DGRN de 15 de junio de 2016 se plantea precisamente este supuesto de un causante británico que fallece tras la entrada en aplicación del Reglamento (17 de agosto de 2015), teniendo su última residencia habitual en España, y con patrimonio en España y al parecer en otros Estados. La Dirección mantiene la aplicación de la ley inglesa sobre la base de una elección presunta por la ley inglesa. Y así puede entenderse de la disposición a favor sólo de su esposa con exclusión de los hijos realizada por el disponente antes de la entrada en vigor del Reglamento Europeo, en tanto fue vehículo formal para el establecimiento de la «professio iuris» y que por lo tanto el testador eligió su ley nacional, por lo que la sucesión se ha de regir por la ley británica.
El Reglamento sobre Sucesiones contempla en el artículo 34 el mecanismo del reenvío para la determinación de la ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte con repercusiones transfronterizas que se abran a partir del 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha, pero apartándose de la orientación señalada en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de excluir las normas de conflicto del derecho remitido el Reglamento Sucesorio acoge la doctrina de la remisión integral, es decir no sólo el derecho material sino también las normas de derecho internacional privado siempre que la remisión partiera de un tercer Estado no miembro (incluidos Reino Unido, Irlanda y Dinamarca) y que el reenvío fuera a la ley de un Estado miembro o de un tercer Estado que aplicara sólo su propia ley material
Por tanto, de la total exclusión del reenvío, prevista en la Propuesta, en el texto del Reglamento finalmente aprobado se optó por una admisión controlada del mismo, al establecer el artículo 34:
1. La aplicación de la ley de un tercer Estado designada por el presente Reglamento se entenderá como la aplicación de las normas jurídicas vigentes en ese Estado, incluidas sus disposiciones de Derecho internacional privado en la medida en que dichas disposiciones prevean un reenvío a:
a) la ley de un Estado miembro, o
b) la ley de otro tercer Estado que aplicaría su propia ley.
2. En ningún caso se aplicará el reenvío respecto de las leyes a que se refieren los artículos 21, apartado 2, 22, 27, 28, letra b), y 30.
El artículo 34, apartado 1, admite tanto el reenvío de primer grado o de retorno (letra a), como el reenvío de segundo grado (letra b). El reenvío de primer grado o de retorno tendrá lugar cuando, en aplicación del Reglamento, la ley designada por la norma de conflicto del tercer Estado remita la regulación de la sucesión a la ley de un Estado miembro, que puede ser el del foro o no.
Se trata de un precepto un tanto contradictorio, ya que después de excluir el reenvío diciendo que la remisión se entiende hecha a su ley material sin tener en cuenta las normas de conflicto del derecho remitido, excepciona y por tanto admite el reenvío cuando la remisión del derecho remitido es una remisión a la ley española. Para el profesor Ybarra Bores es una solución eminentemente nacionalista, poco acorde con la solución que en nuestro ordenamiento se establece en sede de derecho cambiario en el que se admite incluso el reenvío de segundo grado, y además contraria a la solución que se va imponiendo en los instrumentos internacionales que se decantan por la inadmisión del reenvío, como así sucede en el Reglamento de Roma I y II en materia de obligaciones contractuales y obligaciones extracontractuales respectivamente, con la sorprendente excepción del Reglamento Sucesorio Europeo.
Sin embargo, la aplicación del reenvío no se produce de forma automática. No se dice en el artículo 12,3 C.c. que se aplicará el reenvío, sino que se matiza y se emplea la expresión “se tendrá en cuenta”, como criterio general de interpretación. Y así lo ha hecho nuestra jurisprudencia que ha descartado el reenvío en los supuestos que la aplicación de la ley española pudiera dar lugar a una fragmentación de la sucesión para poder preservar la universalidad y unidad de la sucesión. También se ha estimado en la doctrina que el reenvío no es operativo cuando entra en juego la autonomía de la voluntad, ya que no tiene sentido dejar sin efecto la ley elegida. Lo mismo cabe decir respecto de los supuestos de que exista un vínculo manifiestamente más estrecho que desactive el reenvío de la norma de conflicto del foro a una ley distinta. Finalmente nos dice el profesor Ybarra que también puede dejarse sin efecto la aplicación por reenvío de una ley extranjera si es contraria al orden público internacional. El ejemplo paradigmático sería el de la ley que discrimina a la mujer en beneficio del varón en los derechos sucesorios.
El artículo 12, 3 del Código Civil sólo sería aplicable a las sucesiones que se sustancien antes de la entrada en vigor del Reglamento Sucesorio Europeo, ya que desde el 17 de agosto de 2015 la regulación del Código Civil en materia sucesoria debe entenderse desplazada por la que establece el Reglamento Sucesorio Europeo, que como después veremos hace una admisión más generosa del reenvío.
El problema del reenvío antes de la entrada en vigor del Reglamento Sucesorio sólo se planteaba en los supuestos en que hubiera fragmentación de la sucesión. Así sucedía con el inglés con propiedades inmobiliarias en España. En estos casos debe partirse de la lex fori, esto es la española, la cual determina que la ley aplicable es la personal del causante, y (art. 9.8 Cc). Por tanto, cuando un inglés fallecía en España su sucesión se regía por su ley personal inglesa conforme establece el artículo 9,8 Cc. Pero la ley inglesa acoge un sistema fragmentario de sucesión de modo que aplica la ley personal a los muebles y la ley del lugar de situación a los inmuebles, de modo que en el caso de que el inglés tenga inmuebles en España por reenvío de la ley inglesa resulta aplicable la ley española. Pues bien, esto es lo que se llama reenvío de retorno ya que la ley inglesa remite a la española. Este reenvío supone una ruptura de la unidad de la sucesión con la aplicación simultánea de dos leyes sucesorias, la española para la sucesión de los inmuebles y la ley inglesa para la sucesión de los muebles. Para paliar este desajuste, nuestra jurisprudencia entendió que el reenvío sólo era aplicable a la sucesión de un inglés cuando todo su patrimonio estuviera en España, mientras que si mantenía patrimonio mobiliario o inmobiliario en ambos países en aras a la unidad de la sucesión excluía el reenvío y aplicaba a la totalidad de la sucesión la ley inglesa.
La Res. DGRN de 13 de agosto de 2014 para este supuesto de sucesiones de ingleses con propiedades inmobiliarias en España concluye no admitiendo el juego del reenvío y, por lo tanto, determina la regulación de la sucesión exclusivamente por el derecho inglés, pues de lo contrario se produciría una quiebra del principio de unidad de la sucesión. Por esta razón, al no poder operar el reenvío de la ley inglesa a la española, prevalecen las normas sobre libertad de testar propias del derecho inglés frente a las restricciones que respecto de tales reglas impone la ley española. Nuestra jurisprudencia ha venido rechazando el reenvío de la ley inglesa a la española en los supuestos que pueda producirse una fragmentación de la ley sucesoria, de modo que unos bienes se rijan por una ley y otros por otra. De modo que al rechazar el retorno será aplicable en todo caso la ley sucesoria inglesa. Sólo puede admitirse el reenvío de retorno a la ley española cuando no rompa la unidad del tratamiento legal de la sucesión, es decir cuando el inglés sólo tenga propiedades inmobiliarias en España.
Este último supuesto es que ha sido contemplado por la sentencia del TS de 12 de enero de 2015 que con fundamento en los principios de unidad y universalidad de la ley de la sucesión y de la denominada armonía internacional de soluciones, aplica a la sucesión de un inglés la legislación española al admitir el reenvío de retorno por tratarse de un reenvío que no fragmentaba la sucesión en cuanto que el único bien que dejó el causante estaba en España. La remisión realizada a la legislación inglesa comporta el reenvío de retorno al ordenamiento jurídico español sin que se produzca, al ser el único bien hereditario y además tener el domicilio en España, el fraccionamiento del fenómeno sucesorio señalado respecto de la sucesión del causante.
El T.S. en sentencia de 15 de noviembre de 1996 en la sucesión de una finca radicada en España siendo el causante ciudadano de Maryland (EEUU) no admitió en cambio el reenvío de la norma de conflicto norteamericana al Derecho español en atención a que se produciría una fragmentación del haber hereditario contrario a la unidad hereditaria de nuestro Derecho.
Un supuesto que se ha discutido es el del causante británico con testamento otorgado ante notario español antes de la entrada en vigor del Reglamento Sucesorio y fallecido con posterioridad. Puede plantearse en estos supuestos que hay una professio iuris presunta derivada de los términos de la disposición testamentaria y del hecho incontrovertible que la ley sucesoria al tiempo de hacer el testamento ante notario español en el año 2003 era ley inglesa, ya que el precepto aplicable a las sucesiones transfronterizas era el artículo 9,8 del Código Civil que tomaba como criterio de conexión la ley nacional del causante. En la Resolución de la DGRN de 15 de junio de 2016 se plantea precisamente este supuesto de un causante británico que fallece tras la entrada en aplicación del Reglamento (17 de agosto de 2015), teniendo su última residencia habitual en España, y con patrimonio en España y al parecer en otros Estados. La Dirección mantiene la aplicación de la ley inglesa sobre la base de una elección presunta por la ley inglesa. Y así puede entenderse de la disposición a favor sólo de su esposa con exclusión de los hijos realizada por el disponente antes de la entrada en vigor del Reglamento Europeo, en tanto fue vehículo formal para el establecimiento de la «professio iuris» y que por lo tanto el testador eligió su ley nacional, por lo que la sucesión se ha de regir por la ley británica.
El Reglamento sobre Sucesiones contempla en el artículo 34 el mecanismo del reenvío para la determinación de la ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte con repercusiones transfronterizas que se abran a partir del 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha, pero apartándose de la orientación señalada en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de excluir las normas de conflicto del derecho remitido el Reglamento Sucesorio acoge la doctrina de la remisión integral, es decir no sólo el derecho material sino también las normas de derecho internacional privado siempre que la remisión partiera de un tercer Estado no miembro (incluidos Reino Unido, Irlanda y Dinamarca) y que el reenvío fuera a la ley de un Estado miembro o de un tercer Estado que aplicara sólo su propia ley material
Por tanto, de la total exclusión del reenvío, prevista en la Propuesta, en el texto del Reglamento finalmente aprobado se optó por una admisión controlada del mismo, al establecer el artículo 34:
1. La aplicación de la ley de un tercer Estado designada por el presente Reglamento se entenderá como la aplicación de las normas jurídicas vigentes en ese Estado, incluidas sus disposiciones de Derecho internacional privado en la medida en que dichas disposiciones prevean un reenvío a:
a) la ley de un Estado miembro, o
b) la ley de otro tercer Estado que aplicaría su propia ley.
2. En ningún caso se aplicará el reenvío respecto de las leyes a que se refieren los artículos 21, apartado 2, 22, 27, 28, letra b), y 30.
De acuerdo con su tenor literal, nos dice
Isidoro Calvo Millán el reenvío solo tendrá lugar a partir de la aplicación de
las disposiciones de derecho internacional privado de terceros Estados, y en
ningún caso podrá aquel derivar de la aplicación de las normas de conflicto de
los Estados miembros. Entre los Estados
miembros no habrá nunca lugar al reenvío y la aplicación de la ley de un Estado
miembro designada por el Reglamento se entenderá siempre como la aplicación de
sus normas jurídicas sustantivas vigentes en materia de sucesiones mortis
causa, con exclusión de sus disposiciones de Derecho Internacional Privado.
El artículo 34, apartado 1, admite tanto el reenvío de primer grado o de retorno (letra a), como el reenvío de segundo grado (letra b). El reenvío de primer grado o de retorno tendrá lugar cuando, en aplicación del Reglamento, la ley designada por la norma de conflicto del tercer Estado remita la regulación de la sucesión a la ley de un Estado miembro, que puede ser el del foro o no.
En la
práctica, el supuesto, explica Calvo Millán, sería el siguiente: la autoridad
española debe resolver sobre la sucesión de un ciudadano español que, fallecido
después del 17 de agosto de 2015, tenía en Cuba su residencia habitual en el
momento del fallecimiento, siendo la ley cubana la ley de la sucesión por
aplicación de la regla general del artículo 21 del Reglamento. Al tratarse de la ley de un tercer Estado,
habrán de tenerse en cuenta sus disposiciones de derecho internacional privado,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. Según el artículo
15 del Código civil cubano, la sucesión por causa de muerte se rige por la
legislación del Estado del cual era ciudadano el causante en el momento de su
fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el lugar
donde se encuentren. Por tanto, la sucesión se habrá de regir, dado el
mecanismo del reenvío previsto en el artículo 34, apartado 1, del Reglamento
sobre Sucesiones por la correspondiente ley española: la ley de la vecindad
civil del causante en el momento de su fallecimiento.
En idéntica situación, añade Calvo Millán, si la nacionalidad del causante con residencia en Cuba cuya sucesión tuviera que resolver la autoridad española fuera la de Bélgica, Francia o Italia, se procedería del mismo modo aplicando la correspondiente ley extranjera, belga, francesa o italiana.
En cuanto al reenvío de segundo grado, su aplicación señala Calvo Millán, se sujeta a la concurrencia de dos requisitos: en primer lugar, que las disposiciones de derecho internacional privado del tercer Estado, cuya ley hubiese sido designada como aplicable por el Reglamento, prevean un reenvío a la ley de otro tercer Estado; en segundo lugar, que en ese otro tercer Estado, con arreglo a sus propias normas del conflicto, se aplique al supuesto en cuestión su propia ley. A partir del tenor literal del artículo 34, no habrá lugar al reenvío cuando en ese otro tercer Estado en lugar de aplicar al caso en cuestión su propio derecho, remitan, a su vez, a la ley de otro Estado, en cuyo supuesto la sucesión se resolverá con arreglo a la ley del tercer Estado cuya ley hubiese sido inicialmente designada.
En idéntica situación, añade Calvo Millán, si la nacionalidad del causante con residencia en Cuba cuya sucesión tuviera que resolver la autoridad española fuera la de Bélgica, Francia o Italia, se procedería del mismo modo aplicando la correspondiente ley extranjera, belga, francesa o italiana.
En cuanto al reenvío de segundo grado, su aplicación señala Calvo Millán, se sujeta a la concurrencia de dos requisitos: en primer lugar, que las disposiciones de derecho internacional privado del tercer Estado, cuya ley hubiese sido designada como aplicable por el Reglamento, prevean un reenvío a la ley de otro tercer Estado; en segundo lugar, que en ese otro tercer Estado, con arreglo a sus propias normas del conflicto, se aplique al supuesto en cuestión su propia ley. A partir del tenor literal del artículo 34, no habrá lugar al reenvío cuando en ese otro tercer Estado en lugar de aplicar al caso en cuestión su propio derecho, remitan, a su vez, a la ley de otro Estado, en cuyo supuesto la sucesión se resolverá con arreglo a la ley del tercer Estado cuya ley hubiese sido inicialmente designada.
El juego del reenvío tiene importantes
excepciones que excluyen su aplicación. Dadas las remisiones del artículo 34,
apartado 2, en ningún caso procederá cuando se trate de la determinación de la
ley aplicable a la sucesión por aplicación de la regla de la vinculación más estrecha (artículo 21, apartado 2), o
por el ejercicio de la professio iuris
(artículo 22), de la validez formal de las disposiciones mortis causa
realizadas por escrito (artículo 27), de la validez formal según la ley de la
residencia habitual del autor de una declaración relativa a la aceptación o a
la renuncia de la herencia, de un legado o de la legítima, o una declaración
destinada a limitar la responsabilidad de la persona (artículo 28, letra b), ni
de las disposiciones especiales que imponen restricciones relativas o
aplicables a la sucesión de determinados bienes (artículo 30).
Cuando el disponente no hubiere hecho uso de
la professio iuris, será de aplicación como ley sucesoria anticipada la ley de
su residencia habitual al tiempo del otorgamiento, en cuyo caso, dadas las
condiciones del artículo 34, entrará en juego el mecanismo del reenvío. Pero no
se aplicará el reenvío, por la exclusión que contempla el artículo 34, apartado
2, si resultare claramente de todas las circunstancias del caso que al tiempo
del otorgamiento el disponente mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho
con un Estado distinto del Estado en el que tuviera su residencia habitual,
siendo la ley sucesoria anticipada, según el artículo 21, apartado 2, la ley de
ese otro Estado.
El Reglamento sobre Sucesiones, establece que sea una única ley la que rija la totalidad de la sucesión, con independencia de la naturaleza de los bienes que se encuentran integrados en la herencia y del lugar de su situación. Se da acogida, de esta forma, a nivel europeo a los principios de unidad y universalidad de la ley aplicable a la sucesión. Sin embargo, la admisibilidad del reenvío, en los términos del artículo 34 del Reglamento sobre Sucesiones, puede determinar la quiebra de tales principios, y, en determinados supuestos, suponer una fuente de inseguridad respecto de aquellos que hubiesen considerado la ley de su residencia habitual como la ley más adecuada para la planificación de su sucesión. La quiebra de los principios de unidad y universalidad de la lex successionis podrá producirse, a partir de la toma en consideración de las normas del derecho internacional privado de un Estado no miembro de sistema o modelo de corte escisionista, en el que se opta por aplicar una determinada ley a la sucesión de los bienes muebles y por someter la sucesión de los bienes inmuebles a la ley del lugar de su situación (lex rei sitae), determinando la atomización de la sucesión en una pluralidad de masas hereditarias independientes sujetas a leyes diversas.
En el derecho español, en estas situaciones, el Tribunal Supremo, partiendo de la finalidad que se asigna al reenvío, de armonización de los sistemas jurídicos de los Estados, ha tendido a considerar prevalentes los principios de unidad y de universalidad de la ley aplicable a la sucesión y, en atención a ellos, a rechazar (sentencias de la Sala 1.ª de 15 de noviembre de 1996 y de 21 de mayo de 1999) o admitir (sentencias de la Sala 1.ª de 23 de septiembre de 2002 y de 12 de enero de 2015) su aplicación, según las circunstancias del caso concreto, en función de que la misma determinara o no la fragmentación de la regulación de la sucesión. Por tanto, la regla general era admitir el reenvío del Estado no miembro a un estado miembro siempre que no se produzca un fraccionamiento de la sucesión en diferentes masas sujetas a leyes distintas, y no admitir el reenvío y aplicar la ley de la residencia habitual del Estado no miembro si como consecuencia del reenvío se produce el fraccionamiento de la sucesión.
Piénsese, por ejemplo, en el caso del ciudadano británico, con residencia habitual en el Reino Unido, que tuviese inmuebles tanto en España como en el Reino Unido. Lo mismo podría decirse del ciudadano español con residencia en Reino Unido y con inmuebles en España y el Reino Unido. Las disposiciones de derecho internacional privado del Reino Unido sujetan la sucesión de los bienes muebles, personal property, a la ley del Estado del último “domicile” del causante y la sucesión de los bienes inmuebles, inmovable-real property, a la ley de su situación. Si se admite el reenvío se segmenta en dos masas sucesorias la herencia del causante que se regirá por dos leyes distintas.
Se ha entendido por algunos autores, nos dice Espiñeira Soto que el reenvío debe aceptarse incluso en el caso de que conduzca a la aplicación de varias leyes estatales a una misma sucesión. El principal argumento es que el artículo 34.2 incluye diversos supuestos en los que no se admite el reenvío y ninguna de estas limitaciones contempla el supuesto que se produce si las normas de conflicto de un tercer Estado conducen a la aplicación de dos o más leyes estatales diferentes a una misma sucesión; se argumenta, además, que el legislador europeo al admitir el reenvío ha puesto especial énfasis en lograr la armonía internacional de soluciones conflictuales; dicha coherencia internacional tiene como objetivo lograr que la ley aplicable a un conflicto sucesorio sea la misma, con independencia del Estado ante el que se litigue.
El Reglamento sobre Sucesiones, establece que sea una única ley la que rija la totalidad de la sucesión, con independencia de la naturaleza de los bienes que se encuentran integrados en la herencia y del lugar de su situación. Se da acogida, de esta forma, a nivel europeo a los principios de unidad y universalidad de la ley aplicable a la sucesión. Sin embargo, la admisibilidad del reenvío, en los términos del artículo 34 del Reglamento sobre Sucesiones, puede determinar la quiebra de tales principios, y, en determinados supuestos, suponer una fuente de inseguridad respecto de aquellos que hubiesen considerado la ley de su residencia habitual como la ley más adecuada para la planificación de su sucesión. La quiebra de los principios de unidad y universalidad de la lex successionis podrá producirse, a partir de la toma en consideración de las normas del derecho internacional privado de un Estado no miembro de sistema o modelo de corte escisionista, en el que se opta por aplicar una determinada ley a la sucesión de los bienes muebles y por someter la sucesión de los bienes inmuebles a la ley del lugar de su situación (lex rei sitae), determinando la atomización de la sucesión en una pluralidad de masas hereditarias independientes sujetas a leyes diversas.
En el derecho español, en estas situaciones, el Tribunal Supremo, partiendo de la finalidad que se asigna al reenvío, de armonización de los sistemas jurídicos de los Estados, ha tendido a considerar prevalentes los principios de unidad y de universalidad de la ley aplicable a la sucesión y, en atención a ellos, a rechazar (sentencias de la Sala 1.ª de 15 de noviembre de 1996 y de 21 de mayo de 1999) o admitir (sentencias de la Sala 1.ª de 23 de septiembre de 2002 y de 12 de enero de 2015) su aplicación, según las circunstancias del caso concreto, en función de que la misma determinara o no la fragmentación de la regulación de la sucesión. Por tanto, la regla general era admitir el reenvío del Estado no miembro a un estado miembro siempre que no se produzca un fraccionamiento de la sucesión en diferentes masas sujetas a leyes distintas, y no admitir el reenvío y aplicar la ley de la residencia habitual del Estado no miembro si como consecuencia del reenvío se produce el fraccionamiento de la sucesión.
Piénsese, por ejemplo, en el caso del ciudadano británico, con residencia habitual en el Reino Unido, que tuviese inmuebles tanto en España como en el Reino Unido. Lo mismo podría decirse del ciudadano español con residencia en Reino Unido y con inmuebles en España y el Reino Unido. Las disposiciones de derecho internacional privado del Reino Unido sujetan la sucesión de los bienes muebles, personal property, a la ley del Estado del último “domicile” del causante y la sucesión de los bienes inmuebles, inmovable-real property, a la ley de su situación. Si se admite el reenvío se segmenta en dos masas sucesorias la herencia del causante que se regirá por dos leyes distintas.
Se ha entendido por algunos autores, nos dice Espiñeira Soto que el reenvío debe aceptarse incluso en el caso de que conduzca a la aplicación de varias leyes estatales a una misma sucesión. El principal argumento es que el artículo 34.2 incluye diversos supuestos en los que no se admite el reenvío y ninguna de estas limitaciones contempla el supuesto que se produce si las normas de conflicto de un tercer Estado conducen a la aplicación de dos o más leyes estatales diferentes a una misma sucesión; se argumenta, además, que el legislador europeo al admitir el reenvío ha puesto especial énfasis en lograr la armonía internacional de soluciones conflictuales; dicha coherencia internacional tiene como objetivo lograr que la ley aplicable a un conflicto sucesorio sea la misma, con independencia del Estado ante el que se litigue.
La
norma comunitaria hoy vigente en España (el Reglamento europeo de sucesiones),
aunque proclame el principio general de que la ley sucesoria determinada por
sus normas regulará toda la sucesión (artículo 21.1 RES), no establece
expresamente una limitación al reenvío cuando ello suponga romper la unidad de
ley sucesoria, al menos en su articulado, lo que hace surgir la duda de si
seguirá aplicándose la misma interpretación jurisprudencial sobre exclusión del
reenvío cuando ello suponga ruptura de la unidad de la sucesión. En la
doctrina, Ana Fernández-Tresguerrres García sostiene que la solución del RES
para el reenvío "resucita la doctrina del Tribunal Supremo, aun con más
fuerza. Por motivos de seguridad jurídica y para evitar la fragmentación de la
sucesión, nos dice, es necesario que una sola ley rija la totalidad de la
sucesión, es decir, todos los bienes y derechos, con independencia de su
naturaleza y de si están ubicados en otro Estado miembro o en un tercer Estado.
En sentido similar, defendiendo la conveniencia de mantener, tras la vigencia
del RES, la misma doctrina señalada del Tribunal Supremo sobre exclusión del
reenvío cuando suponga fraccionamiento de la sucesión, se pronuncian Isidoro
Calvo Vidal y Raúl Lafuente Sánchez.
Pero debe decirse que ya antes del Reglamento Europeo existían en la doctrina posturas críticas con la tesis del Tribunal Supremo. Expresamente en contra se pronuncian José Luis Iglesias Buigues, Andrea Bononi y Patrick Wautelet quienes sostienen que la doctrina del Tribunal Supremo no podrá seguir manteniéndose tras la entrada en vigor del Reglamento Sucesorio y que por tanto sería admisible un reenvío parcial, aunque suponga un fraccionamiento de la sucesión.
Con la entrada en vigor del Reglamento sucesorio europeo si el inglés residente en España no ha ejercitado la professio iuris, es decir su libertad de elegir como ley sucesoria la derivada de su nacionalidad, se aplicaría en principio la ley española por ser la ley correspondiente a su residencia habitual con los inconvenientes que ellos conlleva en cuanto a las limitaciones derivadas de las normas sobre legítima y reserva ordinaria. El hecho de que el Reino Unido no haya ratificado el Reglamento Sucesorio no impide que el resto de los Estados tenga que aplicarlo a los ingleses que tenga residencia habitual en sus respectivos territorios. Igualmente si el inglés tiene residencia en Inglaterra pero propiedades inmobiliarias en España también se aplicaría con exclusividad la ley inglesa sin tener en cuenta en reenvío a la ley española por cuanto produciría un fraccionamiento de la sucesión. Esta es al menos la posición mayoritaria en la doctrina y la tesis que sostenía nuestra jurisprudencia. Pero como hemos dichos hay voces discordantes por lo que sería deseable que se pronunciase la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.
Esta es también la opinión de Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro en su brillante ponencia de 2018 :
http://www.ralyjmurcia.es/sites/default/files/N%C3%BAmero%2034.2018.%20Don%20Miguel%20%C3%81ngel%20Cuevas%20de%20Aldasoro.pdf
Pero debe decirse que ya antes del Reglamento Europeo existían en la doctrina posturas críticas con la tesis del Tribunal Supremo. Expresamente en contra se pronuncian José Luis Iglesias Buigues, Andrea Bononi y Patrick Wautelet quienes sostienen que la doctrina del Tribunal Supremo no podrá seguir manteniéndose tras la entrada en vigor del Reglamento Sucesorio y que por tanto sería admisible un reenvío parcial, aunque suponga un fraccionamiento de la sucesión.
Con la entrada en vigor del Reglamento sucesorio europeo si el inglés residente en España no ha ejercitado la professio iuris, es decir su libertad de elegir como ley sucesoria la derivada de su nacionalidad, se aplicaría en principio la ley española por ser la ley correspondiente a su residencia habitual con los inconvenientes que ellos conlleva en cuanto a las limitaciones derivadas de las normas sobre legítima y reserva ordinaria. El hecho de que el Reino Unido no haya ratificado el Reglamento Sucesorio no impide que el resto de los Estados tenga que aplicarlo a los ingleses que tenga residencia habitual en sus respectivos territorios. Igualmente si el inglés tiene residencia en Inglaterra pero propiedades inmobiliarias en España también se aplicaría con exclusividad la ley inglesa sin tener en cuenta en reenvío a la ley española por cuanto produciría un fraccionamiento de la sucesión. Esta es al menos la posición mayoritaria en la doctrina y la tesis que sostenía nuestra jurisprudencia. Pero como hemos dichos hay voces discordantes por lo que sería deseable que se pronunciase la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.
Esta es también la opinión de Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro en su brillante ponencia de 2018 :
http://www.ralyjmurcia.es/sites/default/files/N%C3%BAmero%2034.2018.%20Don%20Miguel%20%C3%81ngel%20Cuevas%20de%20Aldasoro.pdf
Valgan estas notas como una aproximación a la institución del reenvío en materia sucesoria, y en todo caso son un extracto o resumen de otros trabajos mejor fundados y que relaciono a continuación para su consulta:
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