Resolución de 16 de noviembre de
2017:
Una persona fallece el día 28 de abril de 2016
y se otorga la escritura pública de adjudicación de su herencia el día 15 de
noviembre de 2016. El adjudicatario vende la finca adjudicada, que no consta
inmatriculada, en documento privado de fecha 3 de enero de 2017, liquidado de
impuestos el día 6 de febrero de 2017. Y finalmente, formaliza la escritura
pública de esa misma venta el día 16 de mayo de 2017. Presentada esta escritura
de compraventa solicitando la inmatriculación de la finca a favor de la
compradora conforme al artículo 205 de la Ley Hipotecaria, acompañada de la
escritura de adjudicación de herencia, la registradora suspende la
inmatriculación señalando dos defectos: que no se acredita haber adquirido la
propiedad de la finca mediante título público, y que no se cumple el requisito
del transcurso de un año, el cual debe computarse desde la fecha del
fallecimiento del causante (28 de abril de 2016) hasta la fecha fehaciente del
documento privado de compraventa, que es la de su liquidación fiscal (6 de
febrero de 2017).
El artículo 205 de la Ley
Hipotecaria, tras la redacción introducida por la Ley 13/2015, establece que
«serán inscribibles, sin necesidad de la previa inscripción y siempre que no
estuvieren inscritos los mismos derechos a favor de otra persona, los títulos
públicos traslativos otorgados por personas que acrediten haber adquirido la
propiedad de la finca al menos un año antes de dicho otorgamiento también
mediante título público, siempre que exista identidad en la descripción de la
finca contenida en ambos títulos a juicio del Registrador y, en todo caso, en
la descripción contenida en el título inmatriculador y la certificación
catastral descriptiva y gráfica que necesariamente debe ser aportada al
efecto». Ahora,, con la nueva redacción legal, no se admite más forma
documental de acreditar la previa adquisición que el título público, que es una
especie concreta y especialmente cualificada dentro del amplio género de los
documentos fehacientes, y, además, se exige que dicha adquisición previa se
haya producido al menos un año antes del otorgamiento del título público
traslativo que va a operar como título inmatriculador. Nótese que dicho lapso
temporal mínimo de un año ha de computarse, no necesariamente entre las fechas
de los respectivos otorgamientos documentales, esto es, el de título público
previo y el del título público traslativo posterior, sino entre la fecha de la
previa adquisición documentada en título público, y la fecha del otorgamiento
del título traslativo posterior».
No puede olvidarse a efectos de
acreditar el momento de la transmisión en una inmatriculación que el artículo
657 del Código Civil dispone que “los derechos a la sucesión de una persona se
transmiten desde el momento de su muerte”, así como la previsión del artículo
989 del mismo cuerpo legal, según la cual “los efectos de la aceptación y de la
repudiación de la herencia se retrotraen siempre al momento de la muerte de la
persona a quien se hereda”. Ello permite interpretar que en los casos de
aceptación de herencia y formalización en título público de la adjudicación y
adquisición de la propiedad de los bienes hereditarios, si con posterioridad
otorga título traslativo de ellos a un tercero, el plazo de un año a que se
refiere el artículo 205 se puede computar desde el fallecimiento del causante
de la herencia, momento desde el cual se puede entender adquirida por el
heredero la posesión y por ende la propiedad de los bienes hereditarios, y no
necesariamente desde el otorgamiento del título público de formalización de la
aceptación y adjudicación de herencia».
En el supuesto a que se refiere el presente
recurso, el primer defecto señalado por la registradora consistente en que a su
juicio «no se acredita haber adquirido la propiedad de la finca mediante título
público», ha de ser revocado, pues al título publico (la escritura de compraventa) se acompaña una
escritura de aceptación y adjudicación de herencia de fecha 15 de noviembre de
2016 en la que los vendedores se adjudican el dominio de la finca que
posteriormente venden, por lo que no cabe duda alguna de que sí que se aporta
título público que acredita haber adquirido la propiedad de la finca.
Respecto del segundo defecto expresado en la
nota de calificación, relativo al modo en que ha de computarse el plazo del año
a que se refiere el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, tanto la registradora
como la recurrente están de acuerdo en que el momento inicial de dicho cómputo,
como así también lo ha señalado la citada doctrina de este Centro Directivo, ha
de ser la fecha del fallecimiento de la causante de la herencia, que ocurrió el
día 28 de abril de 2016, pero difieren respecto del momento final del cómputo,
que según la registradora debería ser la fecha en la que el documento privado
de compraventa fue liquidado y obtuvo fecha fehaciente (el 6 de febrero de
2017), y según la recurrente debe ser la fecha de otorgamiento de la escritura
pública de compraventa, que fue el día 16 de mayo de 2017.
Y lo cierto es que a este
respecto la redacción legal no ofrece dudas interpretativas. El artículo 205 de
la Ley dice literalmente que «serán inscribibles, sin necesidad de la previa
inscripción y siempre que no estuvieren inscritos los mismos derechos a favor
de otra persona, los títulos públicos traslativos otorgados por personas que
acrediten haber adquirido la propiedad de la finca al menos un año antes de
dicho otorgamiento también mediante título público». Por lo tanto, el momento final
del cómputo de dicho año es el del otorgamiento del título público traslativo. Y
en el supuesto que nos ocupa, tal fecha no es ni puede ser otra que la fecha de
la escritura pública de compraventa, y no la fecha en la que el documento
privado anterior de compraventa adquirió fehaciencia por virtud de su
liquidación tributaria y conforme al artículo 1227 del Código Civil, pues esa
adquisición de fecha fehaciente no lo convierte en título público, sino que
sigue siendo un documento privado. (art. 1227 Cc). Por todo ello, dado que
entre la fecha a que se retrotraen los efectos de la previa adquisición por el
vendedor (fallecimiento de su causante, ocurrido el día 28 de abril de 2016), y
la fecha en la que dicho adquirente otorga título publico traslativo de venta
(el día 16 de mayo de 2017) sí han transcurrido más de un año, el segundo
defecto señalado por la registradora también ha de ser revocado.
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